Bajo la consigna “Fábrica quebrada, trabajadores organizados en cooperativa”, los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo "Fabricaciones Rosario" se movilizaron, junto a la Seccional Santa Fe de nuestra Federación, integrantes de otras cooperativas, movimientos sociales y dirigentes políticos, hasta los Tribunales Provinciales de Santa Fe contra el pedido de desalojo emitido por el titular del Juzgado civil y comercial Nº9, Marcelo Bergia.

En ese marco se reunió con el Juez una comitiva compuesta por la abogada de los trabajadores, Marcela Macellari, la diputada nacional Josefina González (FPV); Cristian Recchio, gerente de Empleo y Capacitación Laboral de la delegación en Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación, y Esteban Mariño y Nicolás Mujico, ambos funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Quienes asistieron al encuentro comentaron que la reunión con el magistrado fue “muy positiva” y se espera que durante esta semana vuelvan a reunirse para avanzar en las negociaciones.

Cabe recordar que la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario Ltda. fue conformada en mayo del año pasado tras decretarse la quiebra de Fabricaciones Rosario S.A., una empresa dedicada a a la producción de piezas del rubro automotor y fabricación de válvulas de carga, de cilindro, electroválvulas, y fabricación de piezas de GNC para máquinas agrícolas. La cooperativa comenzó a funcionar en septiembre a partir del comodato otorgado por la Justicia local y actualmente corre riesgo de desalojo por pedido de la dueña del inmueble, Perla Prats, quien a través de su apoderada e hija comenzó a exigir que los obreros abandonen el espacio.

Con una autorización “provisoria” por seis meses la cooperativa quedó como depositaria judicial de las maquinarias, a las que los trabajadores esperaban comprar con las indemnizaciones que les correspondían: algunos acumulaban más de 25 años de trabajo en la firma. La autorización venció el 28 de febrero, ante lo cual los trabajadores pidieron un nuevo plazo de tiempo. Además, solicitaron una tasación de las máquinas para concretar la compra en la quiebra y poner su propiedad a nombre de la cooperativa. La inesperada respuesta del juez fue la orden de desalojo en diez días de las instalaciones, pese a que en menos de un año de cooperativismo, los trabajadores pusieron todas las deudas al día, la fábrica está en funcionamiento y cada mes depositan 3 mil pesos como fondo de garantía en una cuenta judicial.

Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina seguimos acompañando la lucha de los trabajadores de Fabricaciones Rosario por la defensa de sus fuentes laborales. Creemos fuertemente en la necesidad de que el Estado defienda no solo los intereses de los trabajadores, sino también los proyectos que se basan en la producción, en vez de salvaguardar a quienes lucran con la especulación y el vaciamiento de nuestras fábricas.


Fuente: Diario El Ciudadano (Santa Fe)

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