El pasado jueves 26 de junio los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo "Fabricaciones Rosario", empresa recuperada luego de su vaciamiento y quiebra, resistieron un nuevo intento de desalojo por parte del juez Marcelo Bergia quien lleva adelante la causa por quiebra de la empresa. 

 

Desde que los trabajadores se hicieran cargo de ella, la cooperativa de trabajo conformada por los obreros, se encuentra negociando ante el juez las condiciones para el alquiler del local, a la vez que en la Legislatura Provincial comenzará a discutirse en comisiones un proyecto de expropiación. En ese marco, según relata Héctor Vara, síndico de la cooperativa, "en menos de un año, pagamos las deudas y logramos volver a poner en marcha esta fábrica, que vende válvulas a las principales empresas fabricantes de equipos de GNC para el mercado interno y la exportación".

 

Sin embargo, los cooperativistas se encontraron ante un Juez que, desoyendo los antecedentes provinciales y nacionales, busco priorizar en todo momento el supuesto derecho de propiedad privada de la dueña, ignorando por un lado su relación directa con quien fuera el administrador de la vaciada y quebrada empresa, y por otro, el derecho al trabajo de los compañeros, quienes han demostrado que están capacitados para hacerse cargo de la fábrica y cumplir con sus obligaciones.

 

El conflicto llegó al punto de maxima tensión cuando, la semana pasada, fuerzas policiales y de seguridad privada, vestidos con uniformes militares, rompieron el portón e intentaron desalojar a los trabajadores. Finalmente gracias a la rápida movilización de compañeros cooperativistas de la región, funcionarios de los ministerios provinciales de Justicia y Trabajo y representantes locales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se logró pasar a un espacio de negociación antes de que se produjera la represión de los compañeros.

 

En dicha reunión estuvieron presentes el Ministro de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Juan Lewis, la Diputada Nacional por el FPV Josefina González, el gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, el juez Bergia (quien arribó junto a los abogados de la propietaria) y el delegado regional del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Esteban Mariño.

 

Finalmente, luego de cuatro horas de tensas discusiones, se logró llegar a un acuerdo entre las partes. Según lo informado, el juez accedió a suspender el desalojo y autorizar a que la cooperativa continúe ocupando el local por seis meses, pagando un total de 240 mil pesos de alquiler. La mitad será depositada en sede judicial en estos días, y la otra mitad en agosto. Durante ese plazo, los trabajadores deberán buscar un nuevo local y realizar el traslado del equipamiento y materiales pertenecientes a la cooperativa. "Era fundamental contar con tiempo para no paralizar la fábrica, que está trabajando a full y debe cumplir con los clientes", señalaron los representantes de los trabajadores.

 

Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina celebramos que esta difícil situación se haya podido resolver pacíficamente y abriendo un periodo de transición con condiciones justas para que la Cooperativa pueda organizar el traslado a un nuevo local sin tener que parar la producción. Aplaudimos también el involucramiento de los estados provinciales y nacionales y del movimiento cooperativo sin el cual esta situación difícilmente hubiera llegado a buen puerto. Por último, felicitamos a nuestros compañeros de Fabricaciones Rosario por estos meses de lucha y resistencia y por haber logrado mantener en pie la cooperativa frente a un escenario muy desfavorable.

 

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